​​​​​​​​​​​​​Normatividad de interés en Convivencia Social y Salud Mental

El Observatorio Nacional de Convivencia Social y Salud Mental pone a disposición de la comunidad en general, las leyes, de​cretos, resoluciones y demás normas que sirven de marco de referencia para la comprensión y el abordaje de la salud mental y la convivencia social en Colombia. En este marco normativo se destacan, entre otros:

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, lo cuales se plantean para que en el 2030 se reduzca en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar. En particular en salud, el objetivo propuesto busca “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades", el cumplimiento de este objetivo es la base de todos los demás porque para alcanzar el resto de ODS es necesario que se garantice y promueva la salud y el bienestar.


El Plan Decenal de Salud Pública que, en la Dimensión Convivencia Social y Salud Mental, propone un “conjunto de políticas y acciones transectoriales, sectoriales y comunitarias que permiten el despliegue de recursos individuales y colectivos para el disfrute de la vida cotidiana estableciendo relaciones interpersonales basadas en el respecto, la solidaridad y el ejercicio de los derechos humanos para el logro del bien común y el desarrollo humano y social, a través de estrategias enmarcadas en los siguientes componentes: (a) Promover la salud mental y la convivencia y (b) Prevención y atención integral a problemas y trastornos metales y a diferentes formas de violencia".


La Resolución 429 de 2016​. Política de Atención Integral en Salud PAIS. Art 1: “…. El objetivo de la PAIS está dirigido hacia la generación de las mejores condiciones de la salud de la población, mediante la regulación de la intervención de los integrantes sectoriales e intersectoriales responsables de garantizar la atención de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación en condiciones de accesibilidad, aceptabilidad, oportunidad, continuidad, integralidad y capacidad de resolución”.

La Ley 1616 de 2013. Ley de Salud Mental. Cuyo objetivo es el de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la Atención Integral e Integrada en Salud mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención Primaria en Salud. De igual forma se establecen los criterios de política para la reformulación, implementación y evaluación de la Política Pública Nacional de Salud mental, con base en los enfoques de derechos, territorial y poblacional por etapa del ciclo vital.

La Política Nacional de Salud Mental  (Resolución 4886 de 2018) que, en coherencia con la Política de Atención Integral en Salud, el enfoque promocional de calidad de vida y las directrices de Atención Primaria en Salud, busca “promover la salud mental como elemento integral de la garantía del derecho a la salud de todas las personas, familias y comunidades, entendidos como sujetos individuales y colectivos, para el desarrollo integral y la reducción de riesgos asociados a los problemas y trastornos mentales, el suicidio, las violencias interpersonales y la epilepsia.

La Política Integral para la Prevención y Atención del consumo de sustancias psicoactivas (Resolución 089 de 2019), cuyo objetivo es “garantizar la atención integral de las personas familias y comunidades con riesgos o consumo problemático de sustancias psicoactivas, mediante respuestas programáticas, continuas y efectivas, en su reconocimiento como sujetos de derechos”.

Estas políticas reconocen la salud como un derecho fundamental en consonancia con lo establecido por la Ley Estatutaria de Salud (1751 de 2015) y, en coherencia con los resultados de los estudios nacionales de Convivencia Social y Salud Mental, buscan posicionar la salud mental entre las prioridades para el país, a través de la búsqueda de condiciones de equilibrio óptimas y bienestar humano en término del logro de desarrollo integral desde una perspectiva de capacidades y derechos humanos; reconocen la problemática y los efectos que el consumo de sustancias psicoactivas genera en los procesos de desarrollo de personas, familias y comunidades, y que en los años recientes afecta en particular a la población más joven y mujeres. Estas políticas se desarrollan e implementan, considerando los enfoques de desarrollo basado en derechos humanos, de curso de vida, de género, diferencial (poblacional – territorial) y psicosocial; a través de 5 ejes complementarios, a saber:

  • Eje 1: Promoción de la convivencia y la salud mental en los entornos y fortalecimiento de los factores protectores frente al consumo de sustancias psicoactivas. 
  • Eje 2: Prevención de los problemas de salud mental, trastornos mentales, epilepsia y de factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas 
  • Eje 3: Tratamiento integral
  • Eje 4: Rehabilitación integral e Inclusión social
  • Eje 5: Gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial

La Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas en los Planes de Desarrollo Territorial, cuyo objetivo es “reducir el consumo de sustancias psicoactivas y su impacto desde una perspectiva de salud pública, a través de los ejes de promoción, prevención, atención integral, reducción de daños e inclusión social”.

El CONPES de Salud Mental (3992) cuyo objetivo es “promover la salud mental de la población colombiana a través del fortalecimiento de entornos sociales, el desarrollo de capacidades individuales y colectivas, el incremento de la coordinación intersectorial y el mejoramiento de la atención en salud mental, con el fin de reducir la incidencia de problemas o trastornos mentales, el consumo de sustancias psicoactivas y las violencias”.

El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que en su numeral 4.2.Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública: “establece que el Gobierno Nacional diseñará y pondrá en marcha un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas que incluya acciones complementarias de rehabilitación e inserción social con enfoque de género, el cual se constituye como la oportunidad de mejorar la atención a los consumidores y las consumidoras que requieran de tratamiento y rehabilitación de manera progresiva; este lineamiento de ruta pretende (i)Fortalecer la promoción de la salud mental y los factores protectores frente al consumo de sustancias psicoactivas (ii) la prevención basada en la afectación por factores de riesgo (iii) mejorar de manera progresiva la atención a los consumidores y las consumidoras que requieran tratamiento integral y rehabilitación integral, articulando los servicios sociales”.

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