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Enfoque Diferencial


La importancia de disponer de información desagregada y de hacer uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TICS para el diseño y la implementación de políticas públicas culturalmente pertinentes y adoptar medidas de prevención, atención, inclusión social y asignación de recursos, es evidente en diversos documentos producidos a nivel internacional.

Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud –OPS sostiene que es esencial generar registros y datos que pongan en evidencia problemáticas de otra manera invisibles, como por ejemplo, la situación de las personas trans, que están 40 veces más afectadas que la población general por las infecciones de transmisión sexual, lo cual solo puede apreciarse si la data se desagrega con base en su identidad de género. Similar reflexión, en torno de la situación de las personas mayores que advierte el cambio en el tamaño, la composición y la distribución etaria de la población, la persistencia de las inequidades que rondan a la vejez y el progresivo envejecimiento de la población y sus consecuencias económicas, sociales y políticas para el desarrollo sostenible1.

Así mismo, la CEPAL publicó lineamientos generales con recomendaciones internacionales para incluir la identificación étnica en los registros de salud de los países de América Latina y el Caribe, bajo el propósito de producir datos desagregados según esta variable, contribuir a la visibilización de los pueblos indígenas y afrodescendientes y así mismo para desplegar acciones afirmativas que respondan a las necesidades de salud de estos pueblos2.

Por su parte, en la Política Andina de Prevención y Atención a la Discapacidad promulgada en 2010, quedó expreso el compromiso de los países firmantes del Convenio Hipólito Unanue en relación con la necesidad de desarrollar buenas prácticas de gestión del conocimiento a partir de la estandarización de variables que permitan la generación de datos útiles para conocer y transformar la situación de las personas con discapacidad3.

A nivel nacional, los propósitos de aportar a la adopción de acciones afirmativas para contribuir al bienestar y promover el ejercicio de los derechos en el acceso a los servicios de atención integral de personas, familias y colectivos, se encuentra desde la Constitución Política. Acorde con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el Estado es responsable de aplicar el enfoque diferencial de derechos –EDD en la gestión pública, estructurando respuestas diferenciadas a partir de conocer las características, condiciones y entornos de los diversos grupos poblacionales así como de reconocer las capacidades y potencialidades de las personas, familias y comunidades, todo, en función de promover la equidad, educar para la no discriminación y en últimas garantizar el ejercicio de sus derechos.

El marco normativo ordena la recolección, análisis y disposición de la información a partir del nivel de la persona, respetando el derecho a la diferencia, integrándola de tal forma que

pueda ser usada por el/la ciudadano/a y por los agentes corresponsables de promover la disminución de las desigualdades sociales y el fomento de la equidad. Así, todos los agentes del sector salud y protección social y los otros sectores a nivel nacional y en los departamentos, distritos y municipios, deben incorporar el enfoque diferencial de derechos en sus políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y quehacer cotidiano4.

Con el desarrollo del enfoque diferencial se fortalece la gestión pública pues permite ampliar el conocimiento de realidades y necesidades sociales, entre ellas, las formas como las personas se van adaptando a nuevas situaciones y con ello la posibilidad de comprender la resignificación de los procesos inherentes a las responsabilidades institucionales como soporte de decisiones con fundamentación integral, sistémica y cualificada de la realidad.